Alzamos nuestra voz contra todas las formas de violencia contra la mujer . Documento unitario leído en el acto en Plaza de Mayo en el día Internacional de Lucha Contra la Violencia Hacia las MujeresEl 25 de noviembre es el Día Internacional de lucha contra todas las formas de violencia sobre la mujer, propuesto en 1981 por el Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, que se llevó a cabo en Bogotá. Dicha fecha fue elegida en homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana.
Su valor para combatir ese régimen infame que sumergió en la miseria a los trabajadores y el pueblo dominicano fue y es fuente de inspiración para miles de hombres y mujeres en Latinoamérica.
Este 25 de noviembre, Día internacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres, trabajadoras ocupadas y desocupadas, estudiantes, artistas, venimos a alzar nuestra voz para denunciar que en pleno siglo XXI las mujeres seguimos siendo víctimas de las peores vejaciones.
Nos hermana la lucha para terminar con la terrible situación a la que el sistema capitalista y patriarcal nos somete a millones de mujeres en todo el mundo: violaciones, abusos, maltratos, golpes, amenazas, desprecios y humillaciones sólo por ser mujeres.
Venimos a denunciar que en todo el planeta, millones de niñas, jóvenes y adultas son víctimas de la represión ejercida por los gobiernos, las fuerzas armadas y por grupos paramilitares, de la subordinación impuesta por la Iglesia, de la prohibición de derechos elementales que las condenan a situaciones de inferioridad con respecto a los varones, la restricción al acceso a la educación y el trabajo, del pago de menor salario por igual trabajo que los varones; víctimas del acoso sexual y moral por parte de patrones, jefes y gerentes que las creen su propiedad, de la imposición de la heterosexualidad obligatoria, de la esclavitud en talleres clandestinos, del secuestro de niñas y jóvenes por las redes de trata y prostitución, de la utilización de la imagen de la mujer que la reduce a ser un objeto sexual para el disfrute de terceros.
Alzamos nuestra voz porque en todo el planeta las mujeres y las niñas somos más del 70% entre los pobres, siendo golpeadas por el hambre, las enfermedades, la miseria y la desocupación. Y aún así, somos las que realizamos las dos terceras partes de la jornada mundial del trabajo, pero recibimos el 10% de las remuneraciones mundiales y somos propietarias sólo del 1% de la propiedad.
La crisis económica internacional se profundiza en todo el mundo y los capitalistas comienzan a descargar sus consecuencias sobre las mujeres y varones trabajadores y pobres con despidos, suspensiones y desalojos, sometiéndonos a la pérdida de nuestros empleos o a peores condiciones de trabajo y mayores ritmos de explotación para garantizar las ganancias de unos pocos.
Mientras tanto, las ilusiones de que este era “el siglo de las mujeres” se derriban y la importante tarea de luchar por nuestras reivindicaciones está a la orden del día, porque esta crisis comienza a golpearnos de manera más violenta a nosotras, las mujeres, la mayoría con niños y niñas a cargo.
Somos nosotras las que ocupamos los puestos menos categorizados y peor pagos del mercado laboral, las más numerosas en el trabajo precario y las primeras en encabezar las listas de despidos. Nuestros salarios no alcanzan para alimentar, vestir y comprar útiles escolares para nuestros hijos y mucho menos para distendernos con nuestras familias.
En la mayoría de los casos no tenemos derecho a guarderías o jardines maternales en los lugares de trabajo, ni obra social, aportes jubilatorios, licencias por maternidad, por estudio o por enfermedad.
Esto nos coloca en una situación de extrema vulnerabilidad ante los atropellos patronales, el acoso, el abuso sexual y nos convierte en mano de obra barata.
Con la complicidad del gobierno de Cristina Kirchner, como denuncian las trabajadoras del Indec que salieron a enfrentar los índices truchos del gobierno, la desocupación aumenta golpeando de manera particular a las mujeres.
En la industria alimentaria, con mayoría de trabajadoras, ya han comenzado los despidos. También las docentes han salido a luchar en distintas provincias por aumento de salario y mejores condiciones laborales y las trabajadoras de la salud comienzan a unirse al reclamo, como vemos en la Capital Federal, donde el derechista Macri pretende avanzar con sus ataques a la educación y la salud.
En Mendoza, las trabajadoras del ajo siguen reclamando por sus derechos, denuncian el lock out patronal y las condiciones de esclavitud y explotación a las que son sometidos miles de niños y niñas.
Alzamos nuestra voz porque en pleno siglo XXI las mujeres seguimos muriendo por la violencia sexista que promueve este régimen de opresión, a tal punto que ha debido inventarse la palabra “femicidio” para nombrar el horror que impone este sistema capitalista y patriarcal, en cuyo seno miles de niñas, jóvenes y adultas son asesinadas en todo el mundo por sus parejas, ex parejas o allegados.
Más de 21 mil mujeres denunciaron este año en Argentina que sufren violencia dentro del hogar y, según el propio Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, cada día hay más de ocho denuncias solo por violación, mientras se estima que por cada caso denunciado hay por lo menos tres que se silencian.
La ausencia de cifras oficiales no alcanza a ocultar que, sólo teniendo en cuenta las noticias de los diarios, este año han muerto ya alrededor de 100 mujeres a causa de la violencia de género.
Pero no es todo, porque cada vez que las mujeres tomamos valor para denunciar estos terribles hechos, el Estado y sus instituciones, como la policía y la justicia, vuelven a victimizarnos con procedimientos judiciales lentos, dolorosos, y como no podía ser de otra manera injustos.
Porque insisten en investigar a las víctimas invirtiendo la carga de la prueba, al exigirnos que comprobemos que no provocamos o consentimos las vejaciones que sufrimos.
Los fallos judiciales son condescendientes con quienes nos violentan y oprimen, aún más con los de billetera abultada, como es el caso del empresario maderero Arturo Benavidez, que recientemente recibió apenas 8 años de prisión luego de violar y abusar durante casi 10 años a Elizabet Díaz.
Sólo la movilización del pueblo de San Javier y del movimiento de mujeres logró la absolución de Eli Diaz y el castigo a su patrón y violador. La condena, sin embargo, es menor a los años que el patrón abusó de Eli.
La organización y la lucha de la “comisión de mujeres de Cinco Saltos” que conquistó el castigo al violador Anzaldo y “la comisión de mujeres de Córdoba en apoyo a Eli” nos muestran el camino para redoblar la apuesta e ir por la libertad de Romina Tejerina y la absolución definitiva a Eli Díaz.
Este caso y tantos otros nos demuestran que la misma justicia para ricos y poderosos que mantiene durante décadas en prisión a los jóvenes de los barrios pobres, obligados a robar para sobrevivir, se ensaña en condenar a las mujeres a una larga cadena de opresiones, mucho más si son trabajadoras, jóvenes y pobres, como Romina Tejerina o Elizabet Díaz.
El caso de Rosa Yamila Gauna, de 15 años, detenida en una Comisaría de la Mujer de la provincia de Misiones bajo el supuesto cargo de haber cometido una infracción, es sólo una cruda expresión de la violencia que sufren millones de mujeres jóvenes a manos de las fuerzas policiales con el amparo del gobierno nacional y gobiernos municipales.
En esa Comisaría, donde se reciben las denuncias de violencia, Yamila apareció muerta en su celda, calcinada para que no quedaran pruebas de las violaciones a las que fue sometida por la misma policía.
Mientras las mujeres somos condenadas a la violencia, las fuerzas represivas del Estado cuentan con total impunidad ante cada caso de “gatillo fácil” y está en la primera línea para reprimirnos cada vez que salimos a lucha.
Y mientras tanto, el Senado de la Nación pretende convertir en ley el reaccionario registro de datos de personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, que incluye la creación de un banco de datos genéticos, donde jamás figurarían los verdaderos responsables de los casos de María Soledad, Nora Dalmaso, los Grassi, los Anzaldo, mucho menos los traficantes de personas, proxenetas o los jueces, empresarios, políticos, funcionarios cómplices, ni tampoco la misma policía que en muchos casos es responsable directa de estas violaciones.
Sólo el 5% de los casos denunciados llegan a condena. Todas las esferas del Estado -lo mismo que la Iglesia- pretenden silenciarnos en nombre de la defensa de la familia, ocurra lo que ocurra dentro de ella y aunque nos cueste la vida.
Desalientan las denuncias, justifican los ataques, culpabilizan a la víctima. Y cuando el golpeador o el violador llegan a juicio, las condenas son ridículas o directamente absolutorias.
El Estado y la Iglesia protegen a golpeadores y violadores porque la violencia contra las mujeres es una efectiva herramienta de control social útil para sostener un sistema basado en el sometimiento y explotación de las mayorías.
También alzamos nuestra voz porque cada año más de seis millones de mujeres y niñas son víctimas de las redes de trata para la explotación sexual y la prostitución, llenando los bolsillos de los proxenetas y tratantes, empresarios, funcionarios, políticos y fuerzas de seguridad con ganancias que rondan los 32 mil millones de dólares anuales, según un organismo como la OIT que siempre muestra cifras por debajo de las reales.
Denunciamos el aumento exponencial del tráfico de mujeres y niñas/os para la explotación sexual y de familias completas para la esclavitud laboral, en los talleres clandestinos y en el trabajo rural.
Las redes de trata, en connivencia con autoridades y fuerzas de seguridad, secuestran y esclavizan cientos de mujeres en todo el país, atravesando las fronteras de todos los Estados sin que nadie lo impida.
La ley contra las redes de trata que impulsaron el kirchnerismo, el PRO y el ARI establece penas mínimas para tratantes y rufianes, deja intactos sus bienes y exige que las víctimas mayores de 18 años demuestren que no consintieron en ser reducidas a la esclavitud y a la violación sistemática, consolidando una trata legal y otra ilegal. Las liberadas quedan a merced de las represalias de las redes porque el Estado no prevé ninguna protección ni reinserción para ellas.
Esta ley garantiza impunidad también para los traficantes y esclavistas que someten a miles de familias explotadas en el trabajo esclavo, por fuera de toda legalidad, para mayor lucro de patrones del campo y la ciudad.
Hacemos nuestra la lucha de madres, padres, hijos, amigas que buscan a las mujeres desaparecidas a pesar de los múltiples obstáculos que interponen las fuerzas de seguridad y el Estado para que las encuentren.
Y llamamos al conjunto de la sociedad a no naturalizar esta terrible situación a la que son sometidas cientos de miles de mujeres, y llamamos a los clientes a no ser cómplices de estas redes que las esclavizan.
Denunciamos al gobierno nacional, que utiliza los casos de violencia contra las mujeres en las redes de trata y prostitución que vemos a diario en los medios de comunicación, para efectuar una operación mediática intentando mostrar que desbaratan los prostíbulos.
El gobierno nacional y los gobiernos provinciales son responsables de que estas redes de esclavitud actúen impunemente. Jueces, políticos, funcionarios y las fuerzas de seguridad son parte de este entramado.
También alzamos nuestra voz porque en todo el mundo las mujeres seguimos muriendo por abortos clandestinos y sin poder decidir sobre nuestros propios cuerpos.
Millones de mujeres que no han podido elegir si quieren ser madres, cuándo, cómo y con quién, son condenadas por los sectores más reaccionarios y por los autodenominados “progresistas” como los gobiernos de los Kirchner, Lula, Bachelet o Tabaré a morir por abortos realizados en pésimas condiciones.
Sólo en Latinoamérica y el Caribe mueren más de 6.000 mujeres cada año a consecuencia de los abortos clandestinos y, sin embargo, la complicidad de los gobiernos con la Iglesia y los sectores fundamentalistas afines se ciñe aun contra las mujeres con total hipocresía.
El desmantelamiento de la salud pública y el aborto ilegal han convertido a la Argentina en uno de los 3 países con más muertes del continente, con un promedio de muerte materna de 49 cada 100.000 nacidos vivos.
El brusco aumento de los últimos 6 años se produjo mientras Ginés Gonzalez García hacía demagogia con legalizar el aborto pero incumplía los abortos no punibles.
Con la anuencia del gobierno y de todos los sectores patronales, la Iglesia logró consolidar su injerencia en la medicina pública, en la educación y en el Poder Judicial.
Mientras el Ministerio de Educación da puntaje a los cursos de Educación Sexual de la curia basados en el “manual para el amor”, que dice que las lesbianas somos enfermas, que los preservativos no son barrera para el HIV, que la sexualidad sólo se justifica en la reproducción y que quienes hemos abortado somos asesinas, entre muchas barbaridades cargadas de odio; explotó el embarazo infantil y adolescente y por primera vez aparecieron nenas en los registros de muerte materna.
Graciela Ocaña, la ministra de salud elegida por Cristina Kirchner, no sólo considera el aborto una cuestión de política criminal: ha suspendido la entrega de anticonceptivos gratuitos en las provincias. Macri suspendió hasta la entrega de preservativos.
¿Existe mejor promoción del embarazo no deseado y del aborto clandestino? Ahorran presupuesto, pero sobre todo satisfacen el más sentido reclamo del Episcopado.
Los partidos patronales que posan de opositores, con figuras como Elisa Carrió o la macrista Gabriela Michetti, no tienen nada mejor que ofrecernos: no sólo se pronuncian contra el derecho al aborto, sino también contra la ligadura de trompas o la educación sexual en las escuelas, y cierran filas con el gobierno a la hora de obedecer al oscurantismo clerical.
En esta sociedad, el Estado reconoce para las mujeres y varones una sola sexualidad posible: la heterosexualidad. Y si elegimos cuestionar lo que nos ha sido impuesto desde la familia, la escuela, las religiones, los medios de comunicación; somos condenadas y discriminadas socialmente.
Como resultado de esta situación más de 100 personas fueron asesinadas por su orientación sexual, los llamados “crímenes de odio”.
Además, somos inexistentes para los programas educativos, planes sociales y de vivienda, para los centros de salud.
Se nos priva de legalizar nuestras uniones; tenemos, como parejas, vedada la adopción. Muchas veces somos maltratadas o expulsadas de nuestros trabajos, centros de estudio e incluso por nuestras propias familias.
La iglesia católica y otras religiones predican el odio hacia las sexualidades no heteronormativas, porque cuestionan el “derecho natural” y la función reproductora de la sexualidad, porque delatan la familia como una construcción social, económica y cultural que puede ser modificada.
Las mujeres y varones queremos decidir sobre nuestros cuerpos, nuestra sexualidad, por eso exigimos también educación sexual no heteronormativa, igualdad legal y de derechos para todas las personas con independencia de su opción sexual.
Mientras nos decían que en América Latina, con los nuevos gobiernos “progresistas”, las mujeres íbamos a estar mejor, Uruguay nos da una nueva muestra de lo contrario.
En este país, donde se estima que se practican unos 60.000 abortos al año, el gobierno de Tabaré Vázquez acaba de vetar los artículos de la ley de Salud Sexual y Reproductiva que despenalizaban el aborto, sometiéndose a las presiones del clero.
Para terminar con todas las formas de violencia contra las mujeres tenemos que ser miles en las calles las que nos movilicemos de manera independiente del Estado, las Iglesias, los gobiernos y todos los sectores patronales.
Frente a la crisis que se está desarrollando tenemos que comenzar a organizarnos ya mismo en cada lugar de trabajo, en cada barrio, en cada escuela y universidad para conquistar nuestros derechos.
Llamamos a todas las organizaciones estudiantiles, políticas, sociales, de mujeres, de derechos humanos y de trabajadores y trabajadoras ocupadas y desocupadas, a alzar nuestras voces y levantar las banderas contra la opresión de la mujer y decir todas juntas:
No a los despidos y suspensiones. Que la crisis la paguen los capitalistas. Reparto de las horas de trabajo entre todas las manos disponibles, ocupado/as y desocupados/as, con salario igual a la canasta básica familiar. Basta de precarización laboral.
Trabajo en condiciones dignas con cobertura social y 82% móvil. Igual remuneración por igual trabajo. Guarderías y jardines maternales para nuestros hijos en todos los lugares de trabajo y estudio. Planes populares de vivienda con expresa admisibilidad para las familias integradas por adultos/as del mismo sexo.
Basta de violencia contra las mujeres! Libertad inmediata a Romina Tejerina. Absolución definitiva de Elizabet Díaz. Castigo a los violadores, golpeadores y abusadores.
Desmantelamiento de las redes de trata para explotación sexual y trabajo esclavo. Cárcel efectiva para tratantes, rufianes y sus cómplices del poder. Aparición con vida de todas las mujeres y niñxs desaparecidxs.
Recuperación de la identidad de los niñxs nacidxs en el cautiverio de la esclavitud sexual. Derogación de la Ley de Trata.
Educación sexual laica y científica para decidir, Anticoncepción gratuita para no abortar y Aborto legal, seguro y gratuito en todos los niveles del sistema sanitario.para no morir Separación inmediata de la iglesia y el Estado. Basta de subsidios estatales a las instituciones religiosas. ¡Que los fondos se destinen a centros de salud y jardines maternales comunitarios!
No a la heterosexualidad obligatoria. Igualdad legal para todas las orientaciones sexuales, incluido el reconocimiento de las familias integradas por personas del mismo sexo para todos los planes sociales. Derecho a la adopción. Basta de asesinatos contra Travestis, lesbianas, homosexuales, bisexuales, etc.
Abajo la violencia institucional contra las que luchan por sus tierras, sus viviendas y los derechos a la salud y la educación.
Organizaciones de mujeres
Agrupación de Mujeres Pan y Rosas
Convergencia de Mujeres Socialistas
Las Rojas
Plenario de Trabajadoras
Organizaciones estudiantiles
Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA)
Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (UBA)
Secretaría de la Mujer del Centro de Estudiantes de Psicología (UBA)
Secretaría de la Mujer del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (UBA)
Agrupación Universitaria En Clave ROJA
Agrupación Universitaria Ya Basta!
Corriente Julio Antonio Mella
El Tren de la izquierda independiente (Prisma, Contrahegemonía, La Mala Educación)
La Juve, Corriente de Izquierda
Unión de Juventudes por el Socialismo
Organizaciones de DD HH
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)
Organizaciones socialesCarne Clasista contra la opresión sexual y social
Polo Obrero
Coordinadora de Barrios en Lucha de Ezeiza
Organizaciones políticasComité de Enlace Convergencia Socialista / Izquierda de los Trabajadores
Frente de Trabajadores Combativos (FTC)
Izquierda Socialista
Movimiento al Socialismo (MAS)
Opinión Socialista
Partido de Trabajadores Socialistas (PTS)
Partido Obrero (PO)
Izquierda Socialista (IS)
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